Los congresistas miembros de la Comisión Especial de dictamen para le Ley de Justicia Tributaria, luego de la reunión sostenida con el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, expresaron las virtudes que tiene dicho proyecto que está próximo a iniciar su socialización con diferentes sectores de la sociedad del sector público y privado.

El presidente de la Comisión Especial, Hugo Noé Pino, manifestó que “Es bastante obvio los abusos que se han dado, no solamente en la concesión, sino también en el manejo de las exoneraciones en el país; y estos abusos se incorporaron en el diseño de las leyes legalizando así la corrupción y por eso es necesario establecer un mecanismo que simplifique a través de dos regímenes especiales, un registro único y otras buenas medidas que contiene la ley”.

El congresistas por el Partido Nacional, Jorge Zelaya, manifestó que “La situación que está viviendo el país requiere del compromiso de todos y a todo nivel, no podemos hacer oposición solo por hacer, de forma antojadiza y sectaria, si la presidenta Xiomara Castro saca adelante al país, sintámonos bien todos”.

La congresista del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos, expresó que ya tienen un panorama más claro de lo que significa esta ley.

“Vemos que se enfoca mucho en contra del abuso, de la corrupción, de la evasión fiscal, lucha en contra que Honduras sea un paraíso fiscal y al mismo tiempo da regímenes de beneficios fiscales a empresas que puedan venir a generar empleo. Me parece que esto es más digerible y da un espacio de diálogo y consenso con la empresa privada que será a la luz pública para que la gente esté pendiente de todo lo que hacemos en el Congreso Nacional”, apuntó.

Mientras que el congresista por el Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, expresó que “Las empresas que están exoneradas han tenido una ventaja de más de 25 años en relación a todas las empresas nacionales que pagan absolutamente todos los impuestos, es decir que con las exoneraciones y el sistema tributario que tenemos se ha afectado directamente a la mediana, pequeña y micro empresa”.

Estamos hablando que son 25 grupos de 25 empresas que pertenecen a 20 familias que se llevan más del 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) y realmente las exoneraciones solo han beneficiado a un pequeño sector de la empresa privada.

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