Tegucigalpa, Honduras. Estos son los delitos por los cuales se le acusa al Fiscal General de la República por parte de varios diputados del Congreso Nacional, quienes pidieron el juicio político y la suspensión del funcionario. El escrito dice, entre otras cosas:
«HONORABLE CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
Nosotros Jak Melem Uriarte Velásquez, Santos Isabel Pérez Rodríguez, Frank Anthony Alley Flores y Edgardo Rashid Mejía Giannini diputados del Congreso Nacional de la República de Honduras, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y la Ley Especial de Juicio Político, formalizamos las denuncias graves y formales que han sido presentadas ante diversas instancias del Estado, por lo que sometemos a consideración del Pleno la presente denuncia para el inicio del procedimiento de juicio político en contra de:
- Johel Antonio Zelaya Álvarez, Fiscal General de la República, de generales conocidas, electo por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 21-2024, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 36,473 de fecha 29 de febrero de 2024.»
FUNDAMENTOS:
La presente denuncia se fundamenta en las causales previstas en el artículo 234 de la Constitución y desarrolladas en el artículo 5 numerales 2 y 3 de la Ley Especial de Juicio Político:
- La presente denuncia formulada contra el ciudadano JOHEL ANTONIO ZELAYA ÁLVAREZ, en su condición de Fiscal General de la República, por las causales siguientes: Actuaciones contrarias a la Constitución de la Republica; y, 2. Negligencia e incompetencia manifiesta para el desempeño del cargo, derivadas de actuaciones y omisiones que, de manera reiterada y sistemática, han contravenido la Constitución, la Ley del Ministerio Público, la Ley Electoral de Honduras, la Ley Orgánica y Procesal Electoral y, por ende, han afectado los intereses generales de la sociedad, la independencia y autonomía de los órganos electorales, y, la democracia como forma de gobierno establecida en el artículo 4 constitucional, como se precisará posteriormente.»
De acuerdo al documento, Zelaya realizó las siguientes acciones:
- Efectuó citación reiterada de las Consejeras propietarias del CNE, Cossette Alejandra López-Osorio Aguilar y Ana Paola Hall García, en calidad de testigos, en investigaciones relacionadas con el proceso electoral, en momentos sensibles del calendario electoral.
- Emitió orden de intervención de las instalaciones del CNE por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con aseguramiento de documentación institucional y citaciones simultáneas a los Consejeros propietarios, que más adelante afectó el cumplimiento del cronograma electoral y el cumplimiento de obligaciones contractuales.
- Anunció públicamente investigaciones penales contra una de las Consejeras del CNE con base en audios divulgados en conferencia de prensa por el propio Fiscal General de la República, luego de ser exhibida públicamente una memoria USB que supuestamente los contenía, sin garantía de autenticidad ni cadena de custodia, en los que atribuyó de manera anticipada la comisión de delitos como asociación para delinquir y conspiración para alterar la voluntad popular expresada en las urnas.
- Acusó de manera reiterada y pública a dos Consejeras por la supuesta comisión de delitos electorales, bajo argumentos de carácter penal antes de la judicialización de los hechos, generando una exposición mediática directa y de riesgo de índole personal y familiar, sobre autoridades electorales en funciones que fueron denunciadas ante instancias administrativas y judiciales.
- Generó un efecto de inseguridad personal y familiar que implicó ausencia temporal de las Consejeras de sus oficinas y de sus casas de habitación, atendiendo sus funciones bajo la modalidad virtual, en clara contravención al principio de oportunidad y celeridad.
- Anunció la continuación de acciones judiciales contra las referidas consejeras, tras la declaratoria oficial de resultados de las elecciones generales, supuestamente por hechos ocurridos durante el proceso electoral, generando un ambiente de deslegitimación y desconfianza sobre los resultados oficiales, en menoscabo de los valores esenciales del Estado de Derecho, la democracia y del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y de quienes participamos como candidatos (as) en los diferentes niveles electivos del proceso electoral del 30 de noviembre de 2025.
- Debilitamiento de la lucha contra la corrupción y contra la lucha contra la criminalidad organizada, al trasladar y coaccionar con la renuncia a servidores fiscales de carrera; así como suprimir las facultades de la Dirección General de Fiscalía y la Fiscalía Adjunta, generando una concentración de Poder contraria al espíritu republicano.
- Persecución penal selectiva de personas adultas mayores acusadas de tentativa de asesinato de quienes ejercían su derecho constitucional y convencional de libertad de expresión.
- Instrumentalización de la persecución penal al presentar requerimientos fiscales a pocos días de las elecciones generales en contra de dos de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona.
- Omisión en ejercer la acción penal pública ante las múltiples denuncias en contra del Consejero Marlon David Ochoa Martínez, aun cuando era público que este violentaba los deberes del funcionario al no asistir a las sesiones del Consejo Nacional Electoral.
- Omisión en el ejercicio de la acción penal pública en contra de las personas que la entonces diputada Gladis Aurora López y Teresa Concepción Calix, quienes fueron víctima de una bomba cacera en las instalaciones del Congreso Nacional.
- Utilización indebida de Cadenas Nacionales y conferencias con la finalidad de influir en el electorado previo a la realización de las elecciones generales.