- Enmienda al Presupuesto General 2026 quita obstáculos para alcanzar acuerdos conciliatorios.
Tegucigalpa, Honduras. La reforma al artículo 95-A de las Disposiciones Generales del Presupuesto General que facilita los arreglos conciliatorios en las demandas laborales interpuestas por hondureños contra instituciones del Estado entró en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
La enmienda, que está contenida en el decreto 250-2026, publicado en La Gaceta número 37.271 de fecha 16 de octubre, quita los obstáculos para que las partes puedan alcanzar acuerdos conciliatorios.
Conciliaciones laborales
El decreto de reforma, que fue presentado por el diputado presidente, Tomás Zambrano y aprobado por el pleno durante el primer Congreso Móvil realizado el pasado 14 de octubre en la ciudad de Danlí, deja sin efecto el párrafo del artículo 95-A que establece un límite del 80 % de los beneficios en los acuerdos conciliatorios, cuyo pago está previsto en un plazo de tres años.
En adelante, el 95-A reza: “Todas las instituciones de la administración pública centralizada, descentralizada y autónoma, empresas públicas, universidades y demás entidades del sector público que sean parte de un proceso judicial, arbitral o administrativo de contenido económico, una vez emitida la resolución o sentencia de primera instancia o reconocida mediante acta, previo a continuar con los recursos o instancias subsiguientes podrá agotar un procedimiento de conciliación sin necesidad de intervención de la Procuraduría General de la República, el cual deberá promoverse en un máximo de 45 días calendarios”.
Agrega además que lo dispuesto en la reforma será aplicable a los procesos conciliatorios contenidos en el decreto 176-2026, relacionado con Vida Mejor y otros programas sociales.
Cero restricciones
Al presentar el proyecto, el presidente Zambrano explicó que las conciliaciones laborales representan mecanismos de acuerdo entre los demandantes y las instituciones estatales, por lo que considera necesario eliminar las restricciones establecidas.
La reforma abre un espacio para que los ciudadanos que mantienen demandas laborales contra el Estado puedan alcanzar acuerdos mediante el diálogo y la negociación con las instituciones correspondientes.
El diputado Zambrano consideró que las negociaciones deben desarrollarse entre los demandantes, sus representantes legales y las instituciones estatales involucradas, con el objetivo de alcanzar acuerdos que respondan a los intereses de las partes.
En ese sentido, los parlamentarios votaron a favor para que se elimine la disposición que establece el límite mencionado para los arreglos conciliatorios, de manera que las partes puedan negociar las condiciones correspondientes conforme a los procedimientos legales.